Solchaga hizo estas manifestaciones al clausurar la conferencia que reunió en Madrid a representantes de las Comisiones encargadas de elaborar los presupuestos del Parlamento Europeo y de cada uno de las doce naciones comunitarias.

El ministro recalcó que el Presupuesto de la CE debería reflejar en los próximos años una mayor voluntad de convergencia económica y social entre los países de la Comunidad, con el objetivo de equiparar los niveles de vida de todos ellos.

A su juicio, la polítia presupuestaria seguida hasta ahora por la CE ha beneficiado a los países más prósperos. Para corregirlo, agregó, no basta con aumentar los fondos estructurales, sino que es precisa una reforma global favorable a las naciones más pobres tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos.

El presupuesto actual, añadió, perjudica a los más pobres, a los que más consumen (los ricos siempre pueden dedicar una mayor parte de su renta al ahorro), a los que más importan y a los que menos exportan. En su opinión, la vía de financiación menos regresiva de las empleadas por la CE es la contribución que paga cada país en función de su PIB, y por esta vía sólo se obtendrá en 1992 el 20 por ciento de los ingresos.

Solchaga también consideró regresivos los gastos de la CE, ya que dedica el 53 por ciento de ellos a la política agrícola de la que, a su juicio, se benefician sobre todo a la agricultura continental de los países del norte.

El ministro recalcó que es preciso reformar la política arícola comunitaria (PAC), para abrirla a la competencia exterior, pero subrayó que el coste de la reconversión que ese paso acarreará no debe repartirse por igual entre las nacionales que se han beneficiado durante décadas de la PAC y otros, como España, que accedieron a ella hace seis años.

Solchaga también censuró la oposición encontrada para crear el Fondo de Cohesión y recordó que los 10.000 millones de ecus que tendrá como presupuesto para cinco años suponen sólo el 5 por ciento del dinero con qu contarán los Fondos Estructurales.

Finalmente, indicó que España considera las reformas emprendidas en Maastricht como un "aceptable punto de partida", pero se esforzará para que en los próximos años los presupuestos de la CE promuevan una mayor cohesión económica y social.