Solbes y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, comparecieron en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que aprobó un real decreto ley para autorizar el aval a la inyección del Banco de España.

El real decreto ley autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja.

La decisión se ha tomado después de que el Banco de España trasladara al Gobierno la necesidad de financiar de forma extraordinaria a la Caja para que ésta pueda superar sus dificultades "transitorias" de liquidez y así hacer posible el mantenimiento de sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones frente a depositantes y acreedores.

El Banco de España comunicó además al Gobierno la sustitución del Consejo de Administración de la Caja, de la que se harán cargo tres administradores que actuarán de forma mancomunada.

El Gobierno parece descartar cualquier otro tipo de responsabilidad de los hasta ahora gestores de la caja, más allá de las repercusiones de la actual situación internacional y de algunas inversiones que en ese contexto han sido "más gravosas" de lo previsto.

TRANQUILIDAD

Los dos vicepresidentes trasladaron un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en general y, especialmente, a quienes tienen sus ahorros en la Caja, ya sean pequeños ahorradores, empresas, proveedores o acreedores.

Todos "deben estar tranquilos", aseguró De la Vega, porque las decisiones tomadas garantizan que la Caja cumplirá todas sus obligaciones. Solbes aseguró que nadie tendrá problemas para retirar su dinero mañana mismo si lo desea, o para abrir una cuenta con la entidad.

Solbes hizo hincapié en dejar claro que no se trata de una aportación presupuestaria del Estado a la Caja, sino de un aval del Tesoro por la cantidad que el Banco de España considere necesario inyectar, que no será superior a 9.000 millones de euros.

Se trata de una cifra "maximalista", reconoció Solbes, ya que la inyección estimada por el Banco de España está entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros, pero existe una capacidad de aval de 100.000 millones y el Gobierno prefiere "tener margen aunque no se utilice", a tener que recurrir a otro real decreto.

Solbes se refirió además a esta intervención como "un hecho aislado" que tiene además una significación "muy limitada" porque la Caja tiene menos del 1% de los activos del sistema financiero español. Nadad que ver, aseguró Solbes, con la interveción de una gran entidad como fue Banesto.

El sistema sigue siendo "sólido" y no hay ninguna otra entidad en las mismas circunstancias que esta Caja, aseguró Solbes, pero admitió también que si persisten los problemas de liquidez debido a la crisis financiera, "nadie es inmune a largo plazo".

La decisión la ha tomado el Banco de España, explicó Solbes, ante los "infructuosos" intentos de la Caja de resolver sus problemas de liquidez en el ámbito privado mediante la fusión con otra entidad.

Aseguró, en ese sentido, que ese es el mecanismo que el Gobierno sigue considerando "óptimo" para superar este tipo de situaciones, aunque en este caso la decisión tomada era "la más razonable" para no erosionar más a la Caja de Castilla-La Mancha.

Ese mismo objetivo, el de no erosionar más a la entidad, es el esgrimido por el Gobierno para explicar la celeridad en su decisión, en un Consejo de Ministros extraordinario en domingo. Había que evitar "rumores y comentarios" tras la actuación del Banco de España, argumentó Solbes, y mejor hacerlo con los mercados cerrados.

El Gobierno ha informado de la decisión a los grupos parlamentarios y, según Solbes, todos ellos han mostrado "buena disposición" ante el debate parlamentario que requerirá la convalidación de este real decreto ley.

Además, el gobernador del Banco de España ha solicitado comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para explicar su actuación y la disposición es de "transparencia total", aseguró Solbes.