Al parecer, del smario instruido por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño se desprende que el Gobierno encargó, a través de un secretario de Estado sin identificar, el informe que sirvió de base para la querella contra Sogecable a un grupo de personas cercanas al ex presidente de Banesto Mario Conde.

Este sumario ha permanecido secreto hasta hace dos dias en que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez que levantara el secreto en contra de la opinión del instructor.

Almunia cosideró preocupante que desde el Gobierno se "encarguen informes que convenientemente circulados a quién corresponde se utilizan después para fundar querellas contra empresas de comunicación. Es un procedimiento irregular, impropio de una democracia parlamentaria y de país como el nuestro".

También consideró grave que este dato sólo se haya podido conocer una vez levantado el secreto del sumario en contra de la opinión de Gómez de Liaño que "parecía estar tratando de impedir que este tipo de informació pueda llegar a la opinión pública y a los afectados y puedan ser objeto de las lógicas protestas públicas y políticas y de actuaciones jurídicas".

A juicio del portavoz socialista este tipo de actuaciones son "ilegales", "torticeras" y "revelan un gran abuso de poder" además de generar indefensión en los afectados tras un ataque "desproporcionado" e "infundado" contra personas e intereses determinados que "deben ser protegidos en un Estado de derecho".

Al PSOE le parece especialmente grave que, omo se dice en el sumario, un periodista haya podido acceder a información fiscal referente a Juán Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, procedente de la Agencia Tributaria.

Almunia denunció las reiteradas filtraciones de información fiscal sobre personas físicas o jurídicas que se vienen produciendo, en su opinión, desde la propia administración de Hacienda.

Esos datos no se pueden haber conseguido "por medios legales" y sólo puden salir de la Agencia Tributaria "que es quién los tiene".

A su juico, esto revela que hay alguién en la Agencia que "no puede impedir" que se entre impunemente en sus datos o que, "en el peor de los casos, abre las puertas para que entren quienes obtienen esos datos ilegales y eso nos sitúa en un estado policial desde el punto de vista tributario".