Sin embargo, aunque no va dirigida personalmente contra el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, la demanda no excluye a los miembros del Comité Confederal del sindicato como responsables últimos del supuesto delito, ya que la cooperativa de viviendas fue una iniciativa de la central.

Si es una iniciativa de UGT lo más probable es que tenga unas responsablidades civiles subsidiarias", afirmó Franciso Méndez Goas, abogado de los cooperativistas, quien dijo no saber el grado de responsabilidad de Redondo en la presunta apropiación indebida porque "no hay antecedetes en la querella ni documentación que pueda atribuirse cualquier actividad de carácter criminoso".

En la querella, los cooperativistas acusan a los responsables de la promoción de apropiación indebida "porque los contratos e los querellantes expresan que las cantidades que se entregaron se hacen como provisiones de fondos destinadas a la adquisisción de una vivienda", según el abogado.

Sin embargo, Méndez Goas añadió que esas provisiones de fondos "han desaparecido de las cuentas especiales en donde tenían que estar consignadas".

Además, los afectados piden al juez Miguel Moreiras que adopte las medidas cautelares necesarias para garantizar su situación tras aportar alrededor de 1.500.000 pesetas cada socio para laadquisición de las casas.

Esta es la primera querella de afectados de la cooperativa de PSV que se presenta en la Audiencia Nacional, ya que las demandas realizadas hasta ahora fueron interpuestas en los juzgados de guardia de diversas localidades, aunque finalmente van a ser reagrupadas en la Audiencia Nacional, dada su repercusión en todo el territorio nacional y el elevado número de damnificados.