El Grupo Socialista se opondrá a la convalidación parlamentaria de ese decreto-ley, por considerar que es inadecuado para abaratar el precio de la vivienda y porque reduce en un 33% la formación de patrimnio público de suelo urbanizable para la construcción de viviendas de protección oficial.

Benegas aseguró que aproximadamente la tercera parte de las casi 600.000 viviendas financiadas con el plan 1992-1995 se han construido en suelo de titularidad municipal.

El dirigente socialista pidió a la popular Rita Barbera, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que defienda los interes de los municipios. "Debería dirigirse con una cierta contundencia al Gobierno para señalar la ravedad de la medida que se contiene en ese decreto ley sobre el suelo", dijo Benegas.