En una entrevista en la Cadena SER recogida por Servimedia, Rego contestó a las peticiones del PP para apoyar la iniciativa, registrada ayer en el Congreso y cuya admisión a trámite se votará el próximo martes. Según apuntó, la reforma “lleva aparejado un sistema de financiación” basado en los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia de 2022.

“En todo momento hemos puesto la financiación encima de la mesa”, dijo en alusión a la exigencia de los populares de que el Gobierno garantice “una financiación suficiente” para la acogida.

En cuanto a la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional que también pide el PP, Rego subrayó que “ya tenemos mecanismos de emergencia” y “financiación suficiente”. “Me da la sensación de que el señor Núñez Feijóo juega a despistar” y que “el problema no es la financiación, sino otra serie de cosas”, apuntó. En este sentido, criticó que el PP hable de ‘efecto llamada’, “como hace la ultraderecha”.

Rego insistió en que la proposición de ley que ayer se registró en el Congreso contempla los mismos criterios para la distribución de menores (población, nivel de paro, PIB, esfuerzo de acogida y dispersión demográfica) aprobados de forma unánime por las comunidades autónomas en 2022.

Del mismo modo, contiene criterios para la financiación y, “en todo caso, su redacción plantea que si hay cambios en el sistema estos deben ser debatidos y ratificados en la Conferencia Sectorial”, resaltó. Por lo tanto, “las comunidades siempre tendrán voz”. A su juicio, “lo positivo de este mecanismo” es que se basa en los acuerdos de 2022, pero “puede ser activado con urgencia y es vinculante” para todas las comunidades autónomas. También Cataluña.

Preguntada sobre la posibilidad de que el Congreso rechace la iniciativa la semana que viene, Rego declaró preferir “no comentar futuribles” e insistió en que “queda una intensa semana de trabajo para llegar a acuerdos e incorporar las aportaciones de los grupos.

Sí señaló que “existen mecanismos que se pueden poner en marcha” para solventar la sobreocupación que se vive en Canarias si la reforma no llega a buen puerto, aunque “serían soluciones puntuales”. En su opinión, el actual sistema basado en los traslados voluntarios de menores “no es suficiente” porque “no se está cumpliendo”. “¿Podemos permitirnos afrontar este fenómeno sin buscar una respuesta estructural? Yo creo que no”, defendió.