El informe sostiene que se incrementa la desigualdad en la Comunidad de Madrid como consecuencia de que el acceso a la sanidad pública cada año “es menor y peor”, y afecta en mayor medida a los colectivos que no pueden optar por otra asistencia de igual “calidad, accesibilidad o universalidad”.

Asimismo, señala que este deterioro se materializa en listas de espera que se sitúan por encima de las 800.000 citas en cirugía, pruebas diagnósticas, consultas con el especialista, colapso en las urgencias de los hospitales, así como la falta de inversión en infraestructuras que impiden el desarrollo normalizado de la labor existencial.

Por otro lado, ambas entidades criticaron que los “modelos privatizadores” de la sanidad han incrementado “mucho” los costes. De hecho, recalcaron que el modelo de gestión privada en un hospital de titularidad pública supone “un sobrecoste de hasta 11 veces lo que costaría si se gestionase como los hospitales públicos”.

El informe afirma que no hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y el cumplimiento de los contratos que mantienen en el sector público. Además, las entidades calificaron de “poco relevantes y muy escasas” las sanciones que se han interpuesto por incumplimiento.

Asimismo, aprovecharon la presentación del informe para reclamar un nuevo marco legal, la incorporación de 3.100 profesionales, cinco camas de hospitalización por cada 1.000 habitantes y un plan real de infraestructuras.

También exigieron potenciar la Atención Pública, la Salud Mental, reabrir los Servicios de Urgencias en Atención Primaria (SUAP) y las Unidades de Atención Domiciliaria para aliviar listas de espera.