Según el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, la reunión con Aznar tiene por objeto hacer un seguimiento del diálogo social. Ferrer exigió al presidente del Gobierno que no interfiera en el proceso y que no amenace con usar la Ley de Acompañamiento como una "espada de Damocles" contra las negociaciones.

El representante de UGT subrayó que el diálogo social tiene su propio calendario, por lo que el Ejecutivo tiene que dejar e lanzar "globos sonda" al respecto. Además, recordó que Aznar se comprometió personalmente a no utilizar su mayoría absoluta en la reforma del mercado laboral, por lo que le pidió "que se deje de grandes frases".

Esta central aprovechará el encuentro para expresar su rechazo a las medidas liberalizadoras aprobadas recientemente, en especial a la ampliación de los horarios comerciales y a la facultad de las mutuas laborales de dar el alta por enfermedad.

Ferrer añadió que pedirán a Aznar respuest a las cartas que le enviaron los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, en las que le solicitaron que retirase estas dos medidas.

MEDIDAS PERNICIOSAS

Por su parte, el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Rodolfo Benito, dijo a Servimedia que recordarán a Aznar que el paquete liberalizador "planea de forma negativa" sobre el diálogo social, principalmente por la "privatización" de las mutuas y por las novedades introducidas en fiscalidad, que, según djo, sólo favorecen a las rentas más altas.

"Si el Gobierno sigue adoptando iniciativas que no consulta con los sindicatos y que, además, son perniciosas, está boicoteando el diálogo social", insistió.

También advertirán al presidente del Gobierno de que la inflación "está desgobernada" y le plantearán que acometa políticas para frenar los precios y que suba las pensiones mínimas, ante la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Finalmente, Benito aseguró que "no aceptaremos fechas d caducidad a las negociaciones con la patronal", en referencia a las reiterados avisos de Aznar y de algunos miembros de su Gobierno de legislar en materia laboral en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, aunque no haya acuerdos entre patronal y sindicatos.