El acuerdo será remitido a todos los partidos políticos, con la intención de que promuevan una Ley Estatal de Comercio que ponga fin a la liberalización de horarios establecida en 1985 por el decreto Boyer, cuya derogación solicitan.

Los comerciantes estiman que este decreto es la causa del cierre de 12.000 comercios en toda España durante los últimos cinco años, lo queha provocado la pérdida de 130.000 puestos de trabajo fijos, 30.000 de ellos en Madrid.

Las patronales firmantes del acuerdo (Cepyme, Copyme y Cadam, entre otras) estiman que, de mantenerse el "decreto Boyer", desaparecería en el próximo quinquenio un tercio del comercio minorista, que da empleo a 1.250.000 personas.

Critican asimismo la sustitución de empleos estables por otros de carácter temporal, cuyo número podría llegar a representar el 60 por ciento de la ocupación total del sector, si coninuase la tendencia de los últimos cinco años.

LAS MULTINACIONALES, BENEFICIADAS

Tanto los sindicatos como las patronales consideran que la liberalización del comercio sólo ha beneficiado a los grandes almacenes, en su mayoría de capital multinacional, al tiempo que ha favorecido el "recalentamiento" de la economía.

En una rueda de prensa celebrada para dar a conocer el acuerdo, el vicepresidente de Copyme, Salvador Bellido, afirmó que el "decreto Boyer" ha sido "una aportación descarada a las ultinacionales para que se apropiaran de los canales de distribución de España, con una competencia desleal que en nada favorece al consumidor".

Los empresarios del comercio señalaron que la apertura de los comercios en domingo "perjudica a la cultura de los españoles, al dedicar los festivos a ir de compras en lugar de a divertirse e instruirse".

A su juicio, la libertad de horarios no es de recibo en un país con vocación europeista, "ya que en todos los países comunitarios los horarios comerciaes tienen regulación y España ni puede ni debe plantearse políticas comerciales distintas".