La preocupación está sobre la mesa y los encuentros se suceden. La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav), acompañada de sindicatos, se reunió hace pocos días con diversos grupos parlamentarios para exponerles la situación. También ha habido encuentros con los grupos políticos presentes en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), junto con los sindicatos.

Este enero, en una carta dirigida a la alcaldesa de Barcelona y presidenta de la AMB, Ada Colau, el sector de Carreteras, Urbanos y Logística de la UGT de Cataluña denunciaba que las empresas de gestión privada de transporte público urbano han de pugnar por las “licitaciones a modo de subasta” de la AMB. Desde el sindicato, avisaban que las rebajas en las ofertas económicas acaban repercutiendo en los trabajadores que hacen el servicio, en el mismo servicio y en los usuarios.

La UGT, CCOO y la Fecav acordaron este enero interponer recursos contra las cláusulas de licitación del transporte público en Cataluña. Consideran que el sistema de puntuación de los aspectos económicos de la licitación para la adjudicación del servicio público del transporte colectivo urbano de viajeros entre Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat y otros municipios “condiciona la viabilidad de la prestación del servicio, desequilibrando la relación calidad-precio puesto que los parámetros cualitativos resultan prácticamente inexistentes”.

Patronal y sindicatos van de la mano para exponer la gran preocupación por la tendencia al enorme peso que tiene la variable precio en los concursos de movilidad. Un abaratamiento temerario que solo se traduce en una mayor precarización de los conductores y al mismo tiempo en una peor calidad del servicio de transporte público en autobús para los ciudadanos. Más de 4.000 puestos de trabajo dependen de estas licitaciones.

“Por todo ello, se considera que la licitación incluye un criterio de oferte desproporcionada que se aleja del concepto de contratación pública socialmente responsable recogido en el acuerdo de Gobierno aprobado por la Generalitat de Cataluña”, concluyen los agentes sociales.

Ante esta situación, UGT, CCOO y Fecav presentaron recursos al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público con la intención de impugnar el pliego de cláusulas administrativas particulares y la memoria económica del contrato puesto que las condiciones establecidas cuestionan la legalidad de la licitación