Según explicaron fuentes sindicales a Servimedia, la comunicación de huelga legal ha sido ya entregada al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Los trabajadores temen que la forma en que se pretende efectuar el traspaso de Cercanías por parte del Ministerio de Fomento a Cataluña pueda suponer la ruptura de la empresa pública Renfe-Operadora.

Los sindicatos convocantes aclaran que su oposición no es a que las comunidades autónomas asuman las competencias de Cercanías y sí al hecho de que esa decisión pueda conllevar la creación de nuevas empresas.

Por ello, exigen la garantía de la integridad de Renfe y Adif y de los derechos sociales y laborales de sus trabajadores.

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la generalitat, Joaquim Nadal, explicó recientemente que el Gobierno catalán contempla tres escenarios posibles: que Renfe siga prestando el servicio, que lo asuma la Generalitat a través de otra empresa pública, o que lo encomiende a un operador privado.