En declaraciones a Servimedia, el adjunto confederal de Política Social de CCOO, José María Fernández, señaló que "el único matiz negativo" que ve en el proyecto de ley es que "está comprobado que no basta con endurecer las sanciones".

En su opinión, la falta de cumplimiento en materia de accesibilidad por parte de los empresarios "viene más por desinformación que por el hecho de que cueste más dinero".

Asegura que "el problema principal es que el empresario no sabe cómo se tiene que hacer" para cumplir con los requisitos de accesibilidad, y advierte de que "la creencia de que la propia persona discapacitada sabe lo que necesita es falsa".

Por su parte, la responsable de Servicios Sociales de UGT, Gema Ramón, aseguró que lo importante es que la Inspección de Trabajo actúe. "No importan las sanciones que se ponga, lo que hay que hacer es que la inspección sea efectiva", afirmó.

En este sentido, subrayó la necesidad de que las empresas "se adapten a las personas con discapacidad, y no las personas a sus puestos de trabajo".