En un comunicado, este órgano directivo ha dado luz verde a sus sindicats automómicos para que pongan en práctica cuantas estrategias informativas y de presión consideren adecuadas para lograr que la voz del conjunto de los facultativos se haga oir en un tema "tan trascendente para la profesión".

Esta organización profesional reitera la necesidad de que se apruebe una norma legal que regule las relaciones entre la Administración sanitaria y sus trabajadores, dado que la ahora vigente es preconstitucional y data de 1966.

El máximo órgano de dirección de la CESM cree, demás, que el proyecto no garantiza la libre circulación de profesionales por todo el sistema y sí permite la movilidad forzosa sin las necesarias garantías para el trabajador.

Considera que discrimina al personal laboral, "imponiéndole las servidumbres del sistema estatutario y sin garantizarle las ventajas del ordenamiento laboral", añade la nota.

Respecto al sistema disciplinario que establece el estatuto, cree que no contiene garantías suficientes para el trabajador. Por ejemplo, señalan que ermite la imposición de sanciones sin haberse completado el expediente o la existencia de diferentes acciones punibles, dependiendo de la voluntad de las autonomías.

Afirman que tampoco contempla una Carrera Profesional coherente, aplicable en todo el Estado y articulada sobre criterios objetivos aceptables para todos.

EVITAR SU APLICACION

Por todo ello, la Confederación quiere dejar claro que en modo alguno apoyará una norma en la que no se dé una respuesta positiva a las críticas antes plantedas.

"Si el Gobierno y el Parlamento de la Nación, en uso de sus prerrogativas, lo aprueba y proclama, no tendremos más remedio que acatarlo, pero eso no nos impedirá actuar con cuantas armas legales estén a estro alcance para evitar su definitiva implantación", añade.