"Es decir, las personas que están decidiendo sobre los recursos destinados a la salud de los madrileños representan en Wall Street los intereses opacos de algunos inversores ávidos de ganar dinero fácil y rápido", dice Simancas, quien señala que "se entienden de esta manera los drásticos recortes de presupuesto aplicados en el funcionamiento de los nuevos centros, así como los nuevos criterios para la retribución de personal que priman el ahorro en la realización de pruebas diagnósticas".

Simancas considera que "los aprendices de brujo que preconizan el ultraliberalismo desde la fundación FAES y el Gobierno regional del PP han utilizado a la población madrileña como conejillo de indias para la aplicación de sus peligrosas recetas".

Asimismo, informa de que la "receta neoliberal" selleva aplicando "con gran precisión" desde la primera legislatura de Aguirre, a quien acusa de "asfixia financiera" a la sanidad pública madrileña.

También destaca que, en la Comunidad de Madrid, a pesar de ser una de las regiones con mayor crecimiento de PIB y con un presupuesto público "más generoso, las cuentas de la sanidad sufrieron un estrangulamiento evidente, hasta el punto de convertirse en la segunda comunidad con menor financiación sanitaria por habitante de España (1.175 euros por año)".

Simancas explica que el proceso de privatización comenzó por determinadas pruebas diagnósticas, continuó con los tratamientos paliativos y para crónicos y más tarde con las "intervenciones quirúrgicas con menos coste y más negocio para los agentes privados del sector".

A su juicio, estos servicios "pronto acabaron en manos golosas: la Fundación Jiménez Díaz y el nuevo hospital de Valdemoro". Critica, asimismo, el método elegido para poner en marcha los siete nuevos centros hospitalarios y dice que "esta operación ha supuesto una inyección de más de 3.000 millones de euros extras de dinero público para algunas empresas".

El diputado socialista denuncia la privatización de loscentros de especialidades de Pontones y Quintana yla supresión de la Dirección General de Salud Pública y afirma que "las consecuencias de esta inmersión liberal están resultando brutales tanto para los profesionales como para los usuarios de la sanidad pública".