Según las cifras facilitadas por ambos durante una visita a las obras de la M-30, en lo que va de año se han producido más de 85.000 accidentes en la región, 500 de ellos graves, y han muerto 100 trabajadores.

"Cada dos días muere un trabajador en Madrid", dijo Simancas. "Se trata de una sangría que crece. Una gran parte de estas muertes son evitables si la Administración cumple con sus funciones y competencias".

Desde 1985 hasta el 2005, según los datos del PSM, se ha incrementado la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid en un 85%, entre 2005 y 2006 han aumentado los accidentes en casi un 13%.

Según el líder socialista, "las obras de la M-30 ejemplifican en buena medida el incremento de la siniestralidad laboral por la precariedad de los contratos de trabajo, el encadenamiento sin control de subcontrataciones de empleados, el incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales y las prisas para hacer las obras a tiempo de cumplir objetivos electoralistas de alcaldes y presidentes".

MEDIDAS PREVENTIVAS

"Desde el PSOE requerimos una estrategia eficaz contra la siniestralidad laboral al Gobierno regional. Hay que revisar y mejorar el acuerdo sobre prevención de riesgos laborales (...), hay que pedirle que cree una ponencia en la Comisión de Empleo de la Asamblea para asegurar el cumplimiento eficaz de las 16 disposiciones aprobadas contra la siniestralidad laboral", afirmó.

"Además, en virtud de un convenio que van a firmar la Fiscalía general y el Ayuntamiento de Madrid, la Policía Local va a investigar legalmente los atestados propios de accidentes laborales", dijo Simancas.

Para la secretaria de la Salud Laboral de UGT-Madrid, es necesario hacer cumplir unas medidas prioritarias para reducir la siniestralidad laboral.

Por ello, pidió al Gobierno autonómico que "publique las empresas que tienen sanción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales; esto sería una medida coercitiva de cara a todas las empresas. Además, a estas empresas se les tiene que prohibir contratar con la Administración pública".

Marisa Rufino dijo que es necesario hacer cumplir "la Ley de Contratos del Estado, porque sabemos que hay más de cuarenta empresas con sanción, además de una mayor vigilancia y control".