Según informó este viernes el Instituto Armado, estos arrestos se han producido en el marco de la ‘operación Estorque’, en la que se ha formado el primer equipo conjunto de investigación entre España y Colombia a nivel judicial y policial.

Esta colaboración ha permitido desarticular una importante organización criminal internacional con la detención de siete personas, que explotaban a víctimas de nacionalidad colombiana, captadas mediante engaño y la situación de vulnerabilidad en su país de origen.

La operación se inició gracias a la denuncia de una víctima de trata, ahora testigo protegida, que relató cómo fue captada en Colombia por esta organización mediante engaño y aprovechándose de su situación económica y familiar.

PROSTITUIDAS EN PISOS

Las víctimas, una vez engañadas con falsas promesas de futuro, eran trasladadas a diferentes provincias españolas con el único propósito de ejercer la prostitución en pisos privados, llegando a obtener la organización criminal beneficios de entre 25.000 y 35.000 euros por cada una de ellas.

En España se han llevado a cabo actuaciones en las provincias de La Coruña, Toledo y Cáceres. Han sido liberadas tres potenciales víctimas de trata y detenidas cuatro personas en España, a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En Colombia han sido detenidas tres personas, una de ellas considerada el cabecilla y máximo exponente de este grupo criminal, encargado de controlar todas las fases de captación, traslado y explotación de las víctimas. También llevaba a cabo las amenazas y agresiones sobre el entorno de las mujeres. Igualmente, se ha emitido una orden internacional de detención contra otra mujer integrante de la organización asentada en Ecuador.

Las víctimas explotadas en España eran obligadas a entregar pagos mensuales a la organización fruto de su explotación sexual, encargándose los miembros del grupo criminal en Colombia de amenazar e, incluso, de utilizar la violencia contra los familiares directos de las mismas para acabar con cualquier reticencia de pago por parte de las víctimas.