La artista colombiana está acusada de cuatro delitos contra la Hacienda pública, en los que habría defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, con el argumento de que en esos años su residencia no estaba en España.

El equipo que representa a Shakira ha mantenido contactos con la Fiscalía, pero no han llegado a acuerdo alguno, por lo que la cantante irá a juicio. En un comunicado, los abogados explicitan que la artista prefiere "dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón".