De las setenta organizaciones europeas, cinco son españolas: Adena, Amigos de la Tierra, Aedenat, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) y Seo/Birdlife.

Según los conservacionistas, los gobiernos de los países comunitarios "se niegan a garantizar legislativamente que la información sobre el desarrollo de los proyectos sea accesible al público", lo cual impide que "selleven a cabo estudios independientes del impacto ambiental que causa la ejecución de los proyectos financiados".

Los ecologistas españoles han denunciado el uso que las autoridades de nuestro país hacen de estos fondos, por considerar que en ocasiones sirven para financiar la construcción de grandes infraestructuras sin velar por la conservación del medio ambiente.

Como ejemplos, las organizaciones nacionales citan el tren de alta velocidad, los proyectos de regadíos en Aragón y Extremadura y la obras de infraestructura para el Mundial de Esquí de 1995 en Sierra Nevada.

A juicio de los demandantes, "los daños producidos podrían haberse evitado permitiendo el acceso del público a la información desde las primeras etapas de la planificación, y garantizando la participación de las autoridades ambientales, de las autoridades locales y de los sectores sociales en todo el proceso de planificación, gestión y evaluación de los fondos".