Así lo confirmó este lunes la organización de consumidores en un comunicado en el que precisó que el sector financiero “reúne todo tipo de conflictos”, entre los que destacó los relacionados con las tarjetas revolving, los “chiringuitos financieros”, la exclusión financiera que sufren algunos colectivos como el de las personas mayores por la creciente digitalización de la banca, y las comisiones bancarias.

En paralelo, subrayó que otros sectores “conflictivos y problemáticos” fueron el de los bienes de consumo, en torno al que recibió 29.266 consultas y reclamaciones; los servicios postales y de telecomunicaciones, con 24.674 y la vivienda, con 24.465.

La organización insistió, no obstante, en que el sector en el que más crecieron los problemas de consumo fue en el de los suministros de agua, gas y, "sobre todo", de electricidad, que protagonizó un total de 20.292 consultas y reclamaciones, el doble que en 2020.

Tras explicar que su labor de mediación ayudó a sus socios a recuperar 2.711.834 euros, la asociación también alertó de los “interminables” plazos de espera a los que se enfrentan los consumidores y usuarios que deciden recurrir a la vía judicial, con una media de 13 meses en los juzgados de lo mercantil y de ocho meses en primera instancia de los juzgados de lo civil.

Unos plazos que, lamentó, “se pueden alargar mucho más si se recurre luego la sentencia”, por lo que exigió “más recursos” en los juzgados y, “sobre todo, un mayor impulso del sistema de mediación extrajudicial rápido y efectivo para todas las empresas”.

OCU recomienda tratar de llegar a un acuerdo “amistoso” ante un problema de consumo y, en caso de no alcanzarlo y si la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros, recuerda que no es necesario recurrir a abogado y procurador para presentar demanda ante los juzgados.