Roldán compareció hoy por espacio de tres horas ante el juez Moner para declarar en calidad de inculpado sobre la denuncia presentada por él mismo contra el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, a quienes acusó de encargar y pagar por el informe 67 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados del Cesid, dependiente de ese departamento.

El ex director de la Benemérta ratificó ante el magistrado sus anteriores imputaciones contra García Vargas y Serra, de quien dijo que dispone de un 'informe Crillón', al igual que el presidente del Gobierno, Felipe González.

Sin embargo, al ser requerido por el juez Moner para que aportase un ejemplar del dictamen, le respondió que "él no conserva ninguna copia del informe". El abogado aseguró que tampoco hay ninguna copia en la Dirección General de la Guardia Civil.

Agustín Guardia explicó al término de la declaración queRoldán no contactó directamente con la agencia Kroll, que elaboró el informe, ni se desplazó a París por ese motivo, aunque no desveló quién fue el responsable de esa gestión.

Asimismo, indicó que los contratos suscritos con esa agencia no fueron realizados a nombre de ninguna persona, sino que en ellos figuraba un número. "Era un cliente-número", destacó.

TESTIGOS

El abogado anunció que ha solicitado al magistrado la comparecencia como testigos de una serie de personas "que pueden corroborar e tema porque han intervenido en ello", entre las que citó al ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal, quien, según Roldán, le asesoró en la contratación del informe.

Sin embargo, agregó que no ha pedido la citación de Serra y de Vargas, ya que, en su opinión, "no es inevitable" que ambos acudan al Supremo. "Yo creo que en principio no comparecerán. Se citará a los testigos, a la gente que ha participado en ello, nada más", dijo.

Según Guardia, el juez no requirió a Roldán que aporase ningún documento ni justificante de los pagos efectuados a la agencia Kroll, ya que "eso lo entregó en su día".

La larga duración de la declaración de Roldán se debió, según el letrado, a que fue sometido a numerosas preguntas sobre detalles y concreciones de su denuncia, aunque agregó que de esa comparecencia "no salió nada nuevo".

La presencia de Roldán en el Tribunal Supremo, a donde llegó a bordo de un vehículo policial acompañado por una escolta poco después de las tres de la tarde, estuo controlada por un considerable número de agentes del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil con base en Madrid, que controlaron el interior y las inmediaciones de la sede judicial, junto con los guardias civiles y los vigilantes privados que habitualmente custodian el Alto Tribunal.

Inmediatamente después de su llegada, Roldán, que vestía traje gris y cuyo semblante era muy serio, fue trasladado a una de las salas de vistas del tribunal, donde se celebró la declaración en presencia del instrucor, su abogado defensor y el fiscal del caso. En el exterior de la dependencia, medio centenar de informadores permanecían a la espera del término de la comparecencia.

Tras esta declaración de Roldán, que según su abogado "está bien de ánimo", el juez instructor deberá ahora decidir si acepta la petición de Mario Conde de personarse en la causa como afectado.

Asimismo, tendrá que resolver si accede o no a la petición del fiscal del caso para que declaren como testigos José Enrique Serrano, secretrio general de la Vicepresidencia; Esther Fernández Iñigo, ex directora de la Oficina de Relaciones Informativas de la Guardia Civil, y el teniente coronel Solís, adscrito a la Dirección General de la Benemérita en la época de Roldán.