La administración central asumirá el coste del 85% de su construcción, a través de los fondos de cohesión de la Unión Europea, y el 15% restante lo asumirán la Junta y los ayuntamientos implicados.

El secretario de Estado de Política Territorial, José Alberto Zaragoza, asegur que el MOPTMA no tiene voluntad impositiva para decidir la ubicación definitiva de las plantas. Zaragoza prevé que puedan entrar en funcionamiento el próximo verano, al menos, algunos de sus módulos, y dijo que el plazo razonable de amortización será de 15 años.

Ante las declaraciones de la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, del PP, en las que, al inicio de la reunión, había advertido que su ayuntamiento no pondría ni un duro para sufragar el coste de la desaladora, el presidente de la Junta de Adalucía, Manuel Chaves, dijo que la actitud de los alcaldes del PP coloca el problema de las desaladoras en una situación muy difícil, según dijo.

"Ahora mismo son los alcaldes del PP los que tienen en sus manos la decisión de que se construya una desaladora en sus ciudades para resolver el problema del abastecimiento del consumo humano el próximo verano", afirmó Chaves.

No obstante, José Alberto Zaragoza reconoció esta tarde que el problema de la financiación, una vez asegurado el 85% de los fonos europeos, es mínimo y no merece siquiera discusión por parte de los alcaldes, tal y como ha dicho el consejero de Obras Públicas de la Junta, Francisco Vallejo.