Este informe, al que tuvo acceso Servimedia, forma parte, junto con otro del Grupo de Consumo y Medio Ambiente (GCMA) del Cuerpo Nacional de Policía, de las diligencias que instruye el juez Guillermo Ruiz Polanco, de la Audiencia Nacional, a raíz de la denuncia presentada a finales de 1999 por farmacéuticos de Castilla-La Mancha y la Organización de Consumidores yUsuarios (OCU) por presunto delito contra la salud pública e intrusismo de determinados establecimientos comerciales, que vendían fármacos sin exigir receta veterinaria ni estando autorizados para ello.

Valgan como muestra dos testimonios ante la Guardia Civil de dos responsables ganaderos de vacuno de la provincia de Cuenca, pero en las diligencias constan más de 40 manifestaciones semejantes.

Alfonso Gadea, que poseía una ganadería de unas 400 cabezas de bovino en Almodóvar del Pinar (Cuenca), eclaró el 17 de febrero de 2000 que adquiría los medicamentos de uso animal en la comercial Sergama, de Cuenca, o en Agrozoo, de Albacete.

Preguntado por los agentes del SEPRONA si cuando compraba los medicamentos lo hacía previa prescripción en receta extendida por veterinario y si el dispensador le exigía la presentación de la misma, el ganadero señaló, según el acta policial, que "normalmente le hacen la receta en cualquiera de las comerciales antes mencionadas al ir a comprarlos y en otras ocasions los compra y después la comercial le manda la receta por correo junto con la factura".

1.000 CABEZAS

Por su parte, Jesús González, administrativo de la SAT Montefrío, de Leganiel (Cuenca), una explotación de unas 1.000 cabezas de vacuno, manifestó el 28 de febrero de 2000 que adquirían los fármacos en Tapesa, de Zaragoza, y Covegama, de Toledo.

Afirmó que algunas veces el encargado de la granja, y otras él mismo, "solicitan telefónicamente a Pedro Ortiz, veterinario dependiente del laboratori Pfizer, o a Andrés Climente, veterinario de Tapesa, los medicamentos que necesitan, y posteriormente, estas empresas envían, bien por empresas de transporte como Seur o Central de Mensajeros o bien por medio de los propios veterinarios que se desplazan hasta la granja, los medicamentos solicitados".

González también indicó que, "hasta finales de octubre (de 1999), estos establecimientos no exigían la presentación de la receta, pero a partir de esta fecha sí".

El SEPRONA concluye que "los ganaders compran los medicamentos sin receta y que las comerciales detallistas no le informan de las características de los medicamentos. Esto genera que el ganadero únicamente tenga conocimiento de los tiempos de espera, de las precauciones, de la farmacología y toxicología, de la dosis, etcétera, mediante el prospecto incluído en el envase del fármaco, dejando a criterio de éste su lectura".

Además, "son los propios ganaderos los que aplican en muchos de los casos los medicamentos de uso animal a su ganado esto, junto con el hecho de que se solía comprar los medicamentos sin receta, genera que se administren estos fármacos a los animales sin el adecuado control técnico", según la Guardia Civil.

DESCUENTOS

El informe considera que las comerciales investigadas, que suelen hacer rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento del precio que figura en la etiqueta del producto, actúan "como distribuidoras, careciendo de la autorización de sanidad necesaria, e incumpliendo los requisitos exigidos en su normativaespecífica (carecen de director técnico farmacéutico, tienen prohibida la venta al por menor, etcétera)".

"Estos establecimientos", continúan las conclusiones del SEPRONA, "presentaron una solicitud en la Delegación de Sanidad para regularizar su situación como detallistas (autorizada la venta exclusivamente al por menor, y no como distribuidoras), encontrándose en la actualidad (marzo de 2000) en trámite esta autorización".

De entre la cuarentena de declaraciones recogidas por los guardias civils del SEPRONA de Cuenca cabe destacar, por la encendida defensa de los establecimientos investigados, las manifestaciones de José Luis Viadel, dueño de una granja mixta de Talayuelas que, en febrero de 2000, poseía 250 cerdas y 700 plazas de cebo, y 34.000 pollos en la modalidad de integración.

Las granjas integradas son socias de una empresa matriz, normalmente situada en otra provincia, que suministra los pollos, el pienso, veterinarios y los medicamentos, y se encarga de su traslado al matadero unavez engordados.

Viadel señaló que mientras en comerciales como Sergama, en Cuenca, y Nanta, en Valencia, le hacen descuentos que llegan hasta el 50%, en "las farmacias no le hacen ningún tipo de descuento, y además de esta rebaja le dan un servicio de asistencia veterinaria y de análisis en los laboratorios que las farmacias tampoco le dan".

Por otro lado, el Cuerpo Nacional de Policía ha instruído cerca de 200 diligencias entre 1996 y 1999, ambos incluídos, contra redes de importación ilegal, ditribución y uso de diversas sustancias prohibidas en la cría de animales destinados a consumo humano, y ha formulado entre 1998 y 1999 al menos 165 denuncias por positividad a antibióticos contra ganaderos de bovino, porcino, ovino y aves de toda España.

"La experiencia acumulada", señala en su informe el Grupo de Consumo y Medio Ambiente de la Policía, "hace pensar en un indiscriminado uso de distintas sustancias en el engorde de los animales destinados al consumo humano. A medida que se ha incrementdo la represión sobre las sustancias prohibidas, se ha ido detectanto un incremento en la positividad a antibióticos, toda vez que éstos, también tienen un efecto potenciador del engorde y suponen menor riesgo para el ganadero, respecto a su incriminación".

REGISTROS

Asimismo, los funcionarios constataron en los registros y toma de muestras que en todas las explotaciones ganaderas existen cantidades diversas de medicamentos, útiles como jeringuillas u otros, "que acreditan la práctica habitual de meicar a los animales por parte de los propios ganaderos".

Por otra parte, según la Policía, "bastantes establecimientos comerciales de productos zoosanitarios de las principales provincias ganaderas han sido objeto de registros en los últimos años por su implicación en las distribuciones de sustancias prohibidas en el cebado animal, al margen de su actividad principal de venta de productos y medicamentos veterinarios".

Aparte de estos comercios legales, la Policía estima que existen en toda Españaunos 1.500 distribuidores no declarados y ambulantes, "a los que hay que sumar los transportistas de ganado, recogedores de leche, y otros profesionales relacionados con el sector, que realizan encargos de compra de medicamentos y cobran pequeñas comisiones por ello".