Según los eologistas, el Ejecutivo ha demostrado "el desprecio de la Administración española hacia la conservación del medio ambiente en Europa y la tomadura de pelo a la que nos han sometido a los conservacionistas europeos durante estos años, al argumentar problemas financieros para aprobar la directiva".

El Consejo de Ministros de la CE mantuvo una reunión a principios de mes en la que no llegó a aprobar la directiva, como consecuencia de la oposición que planteó la delegación española, que intenta que la comnidad cofinancie la protección de estos espacios.

Sin embargo, la Seo mantiene que a pesar de que todos los países comunitarios estaban dispuestos a aceptar las pretensiones del Gobierno que preside Felipe González, el Ejecutivo socialista "continuó opiniéndose a la aprobación de la directiva".

Los conservacionistas aseguraron que Alemania y los Estados del norte estaban dispuestos a admitir la cofinanciación comunitaria, siempre que se especificará que era un caso excepcional dentro del funcionaiento de la CE.

"España", explicaron, "se negó a aceptar esta cláusula condicional y, por lo tanto, se negó a aprobar la directiva (...). De esta forma, queda patente la negligencia de la Administración, que pretende usar la directiva de hábitats como comodín a la hora de negociar otros aspectos en la Conferencia para la Unión Política y Monetaria de Europa".

"HIPOCRESIA"

La Seo calificó esta postura de "hipócrita" y agregó que el origen de su origen podría estar en que "determinadas empresas my conocidas, y otras menos conocidas, han visto qué proyectos no podrían llevar a cabo si se aprueba".

Este grupo conservacionista realizó una propuesta a todos los estados comunitarios que incluía la aportación de unos 65.000 millones de pesetas de fondos de la CE, para poder aplicar las medidas que contempla la directiva de hábitats.

Asimismo, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que cumplan una proposición no de ley aprobada el pasado día 26 de septiembre por el Congreso de los Dipuados, que instaba a la Administración española a colaborar en la aceleración de los trámites pertinentes para la aprobación de la polémica normativa.