Esta inseguridad jurídica se deriva del hecho de que el precepto anulado, el artículo 26 del Impuesto de Sociedades, ya se había declarado legal por una sentencia y, 48 horas más tarde, ilegal en otra resolución judicial, "aunque las fundamentaciones empleadas en ambas sentencias sean distintas", argumenta Confebask.

La patronal vasca discrepa también de la argumentación empleada por el tribunal. "No puede en modo alguno considerarse que se atenta contra la libre competencia o que las 'vacaciones fiscales' son desproporcionadas, cuando también el Estado ha utilizado esa misma figura con condiciones de acceso incluso más generosas que las reguladas por las diputaciones forales vascas", apunta la nota.

Confebask llama la atención "sobre el hecho de que esa situación no haya sido ni cuestionada ni traída a colación pr el propio tribunal".

No obstante, la patronal lanza un mensaje de tranquilidad al colectivo empresarial vasco, "ya que, básicamente, ambas sentencias respaldan la competencia normativa de las diputaciones y la legalidad de su actuación".