Según Alcázar, lo raonable es que se reconozca el derecho constitucional a la negociación colectiva de los empleados públicos, a los que "de forma tramposa y cicatera se les está obligando a perder poder adquisitivo año tras año".

El responsable de Empleo de IU agregó que esta sentencia sin precedentes enmienda "una actitud autoritaria y prepotente del Gobierno", que pretendió anular un acuerdo entre Gobierno y sindicatos.

Alcázar añadió que el Gobierno de José María Aznar practica una política "nada social" y "se mestra particularmente restrictivo con los salarios de los trabajadores, en particular con los suyos, y especialmente generoso con las rentas más elevadas y beneficios patronales. Mientras a unos se les niega el mantenimiento del poder adquisitivo, a otros les aumenta los beneficios".

EL GOBIERNO RECURRIRA

Por su parte, el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha anunciado la intención del Gobierno de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional.

"Sin merma alguna del respeto que todas la resoluciones judiciales merecen al Ejecutivo", indicó el ministerio, "tanto el fallo como la doctrina sentada en esta sentencia pueden comportar, de confirmarse, una seria restricción a la potestad legislativa de las Cortes Generales en la aprobación de las leyes de Presupuestos Generales del Estado".

El Gobierno ya ha dado instrucciones al Servicio Jurídico ante la Audiencia Nacional para que interponga el oportuno recurso de casación, "por entender que la sentencia trasciende a una mera cuestión depersonal, en cuyo caso no cabría el recurso".