Conde Pumpido reconoce que la Constitución contempla una intervencion del Poder judicial en el nombramiento de fiscal general, pero el carácter no vinculante de la misma "llevó al CGPJ a entenderla como puramente formal o rituaria".

"Eso", advirtió, "fue un error político importante por parte del CGPJ que, en lugar de ejercer a fondo sus competencias y, por tnto, hacer un pronunciamiento riguroso, sabiendo que se trataba de una opinión no vinculante no ejerció esa capacidad de control que podía haber ejercido".

El replanteamiento que propone Jueces para la Democracia pasa porque su decisión en la consulta del Gobierno sea "más profunda", no vinculante, porque se necesitaría una reforma constitucional, "pero sí que el CGPJ haga una valoración profunda de los requisitos legales del candidato y de su personalidad".

Por ejemplo, "la posible oposición al ombramiento de políticos en lugar de juristas, el control de prestigio, que no tiene por qué ser un concepto indeterminado, sino algo perfectamente valorable por el Consejo, en cuanto a la idoneidad".

Además, la antiguedad en el cargo, clave en los recursos presentados por las asociaciones profesionales, también debe ser valorada la antiguedad, que en el caso de Eligio Hernández, el CGPJ valoró con un criterio "excesivamente formal y no material".

"Que el CGPJ asuma su responsabilidad y no se conidere a sí mismo un mero oyente en esta materia. Eso permitiría evitar los errores cometidos", concluyó.