Se trata de un informe sobre ‘las implicaciones económicas, fiscales, sociales y jurídico-políticas en el Estado autonómico del acuerdo suscrito entre los partidos PSC-PSOE y ERC de impulsar para Cataluña un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal’.

El estudio está elaborado por grupos parlamentarios que forman parte de la ponencia, donde el PP tiene mayoría absoluta, por lo que previsiblemente se aprobará en la votación. Entre los comparecientes del PP destacan el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, la presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), y el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich.

El informe sostiene que las estimaciones más utilizadas indican que la aplicación del pacto supondría un aumento de los recursos para Cataluña "de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales, según cálculos preliminares basados en datos de 2022".

“Esto representaría un incremento del 25 % al 50 % en la financiación per cápita de la región. Pero este aumento, sin embargo, requeriría una redistribución de recursos que sería insostenible para el resto de las comunidades autónomas, afectando la equidad y la solidaridad interterritorial”.

Sobre el encaje constitucional del acuerdo, se podría situar en un “escenario de concertación tributaria similar al sistema foral, acercándonos así a un modelo que entraría en tensión con el principio de solidaridad y el marco constitucional vigente”. Además, “al acercarse al sistema foral, pero aplicándolo a una comunidad con mayor peso económico como Cataluña, estaría en riesgo el equilibrio del sistema de financiación autonómica, pues el impacto en el principio de solidaridad sería constitucionalmente cuestionable”.

El informe de los expertos también alerta de que el diseño propuesto “requeriría una revisión constitucional debido a su impacto en los principios de equidad y solidaridad”. Además, sostiene que la modificación de la relación financiera entre el Estado y Cataluña “implicaría un cambio estructural que la Constitución no prevé explícitamente”.

Los expertos consideran necesarias las relaciones bilaterales entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, aunque circunscribieron éstas a la negociación de las posibles singularidades específicas de cada territorio, supeditadas a que el diseño del conjunto se efectúe mediante una negociación y acuerdo multilateral.

Así, señalan que el diseño del sistema se debe hacer “entre todos, aunque luego se pueda particularizar su aplicación a detalles concretos fruto de las singularidades de cada territorio, pero sin variar la estructura fundamental”. Muchos de ellos manifestaron su inconveniencia de empezar a construir un nuevo sistema negociando exclusivamente entre dos partidos de una sola parte del territorio, sin tener en cuenta las necesidades del resto de partidos ni del resto de territorios.

MENOS RECURSOS PARA EL RESTO

Los expertos expresan de forma mayoritaria una preocupación sobre cómo el acuerdo de financiación alcanzado para Cataluña “debilita la solidaridad entre territorios”. El acuerdo “detrae del sistema una importante parte de los recursos, que automáticamente suponen una reducción de los recursos disponibles para el resto”.

“Las consecuencias que puede producir esta determinación podrían agravar las desigualdades entre regiones si no se establecen salvaguardas claras, y este acuerdo no las establece”, señala.

En cuanto a la ruptura de la Agencia Tributaria, alertan de que la fragmentación “aumentaría el fraude fiscal, incrementaría los costos para los ciudadanos y debilitaría la eficacia en la recaudación”. Así, la creación de un sistema tributario singular para Cataluña “puede incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal”.

La fragmentación de la gestión tributaria entre una Agencia Tributaria catalana y la estatal generaría “incentivos para el fraude fiscal y fomentaría dinámicas de competencia fiscal desleal o nociva, aumentando los costos administrativos y afectando la equidad fiscal”.

Los expertos coinciden en que el sistema de financiación actual necesita una reforma que garantice que todas las comunidades autónomas puedan financiar sus competencias básicas, que incentive a las regiones para gestionar mejor sus recursos y recaudar de manera eficiente, y asegure que las reformas sean inclusivas y beneficien al conjunto del sistema.

NEGOCIACIONES MULTILATERALES

Por otro lado, subraya que “una generalización de las negociaciones bilaterales crearía privilegios fiscales o financieros que entrarían en contradicción con los principios de solidaridad y suficiencia”. Según el informe, la alternativa es fortalecer el Consejo de Política Fiscal y Financiera como foro multilateral para garantizar la transparencia y la participación de todas las comunidades en las decisiones.

Defiende que las decisiones sobre el sistema de financiación “deben pasar por un marco multilateral para respetar la igualdad entre comunidades autónomas”, ya que “un acuerdo exclusivamente bilateral genera tensiones políticas y jurídicas entre comunidades”.

En resumen, la combinación de bilateralidad y multilateralidad parece ser la solución “más adecuada”, aunque “con una clara predominancia de la multilateralidad en asuntos estructurales, ciñéndose la bilateralidad a la adaptación de acuerdos generales a la singularidad de los territorios”.