En el debate, el ministro de Trabajo, Luis MartínezNoval, reiteró que el Gobierno está dispuesto a "reconsiderar" esta normativa si el paso del tiempo demuestra que tiene consecuencias "socialmente indeseables".

Recalcó asimismo que no cabe hablar de recorte en las prestaciones del desempleo cuando el Gobierno estima que se gastará este año en las mismas más de dos billones de pesetas, alrededor de 420.000 millones más de lo presupuestado.

El ministro, en declaraciones realizadas previamente en los pasillos de la Cámara Alta, se mostró partidariode retomar el diálogo social "a la mayor brevedad posible", para aprovechar el buen clima creado ayer en la entrevista entre González y los líderes sindicales.

Martínez Noval recordó que la puesta en marcha del Consejo Económico y Social (CES), que servirá de foro para que los agentes sociales debatan el plan de convergencia, está a la espera de que los sindicatos UGT y CCOO nombren a sus representantes.

Por otra parte, el ministro dijo que espera una mejoría el empleo en los próximos meses, peroreconoció que será muy difícil crear 76.000 puestos de trabajo, el objetivo del programa de convergencia para 1992.

Por su parte, el senador Alberto Dorrego, del CDS, calificó de "tomadura de pelo" que el Gobierno mande a las Cortes el "decretazo" y al mismo tiempo se muestre dispuesto a discutir su contenido con los interlocutores sociales.

A su vez, el portavoz del Grupo Popular, que se abstuvo en la votación de los vetos presetados por CDS, IU y Unión Valenciana, justificó su voto alegando que pese a sus defectos, el "decretazo" supone un "esfuerzo de racionalización para contener el despilfarro" en el gasto del INEM.

El PP aseguró que "España es el país europeo que más subsidia el empleo" y que lo que de verdad hace falta es un "pacto social de Estado" para sacar adelante el plan de convergencia.