El pasado 15 de junio, la Sala de lo Penal del Tribunal Suprem dictó un auto en el que se declaraba competente para investigar el caso abierto contra la senadora Beatriz Caro, por lo que solicitaba el suplicatorio para proceder contra ella.

Beatriz Caro Nieto, presidenta de la mesa de la Asamblea de Melilla en 1997, fue denunciada junto a Ignacio Velázquez, en aquel entonces alcalde y presidente de la ciudad autónoma de Melilla, por Enrique Palacios, diputado autonómico y tránsfuga del PP.

Los hechos denunciados se remontan a 1997, cuando PSOE, Coalición Meillense, Unión del Pueblo Melillense y el Grupo Mixto (formado por dos tránsfugas del PP, uno de ellos Palacios), presentaron una moción de censura contra Ignacio Velázquez, también presidente del PP en Melilla cuando sucedieron los hechos.

El suceso objeto de la denuncia ocurrió cuando Beatriz Caro impidió a Palacios que votara. La ahora senadora popular exhibió un decreto firmado por Velázquez, que imponía la abstención a Palacios, el querellante y uno de los tránsfugas del Grupo Mixto, por considerr que éste tenía intereses personales en la votación.

Palacios era el sustituto de Velázquez en caso de que triunfase la moción de censura, que ese día fracasó. La oposición recurrió el resultado de esta moción de censura al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y pidió que se repitiera la votación, lo que fue concedido por los jueces en febrero de 1998.

Tras esta decisión, la moción de censura triunfó y Palacios resultó elegido alcalde y presidente de Melilla. La oposición abrió acciones peales contra Beatriz Caro por un presunto delito de prevaricación.