El proyecto, que volverá al Congreso para su definitiva aprobación este mismo mes, no ha sufrido modificaciones en la Cámara Alta, después de su accidentado paso pr el Congreso, en el que el PNV defendió en solitario que la ratificación del tratado exigía que no sólo los ministros del Gobierno, sino también el Rey, fuese considerado responsable por sus actos ante el Tribunal Penal Internacional.

La enmienda del PNV, que no prosperó, señalaba que "el Rey será personalmente responsable de sus actos ante la Corte Penal Internacional o ante cualquier otro órgnao judicial internacional al que el Estado haya atribuido competencias derivadas de la Constitución, cuandodichos actos no hayan sido refrendados conforme al artículo 64 de aquélla. Si existe tal refrendo, responderá la persona que lo haya otorgado".

El citado artículo de la Carta Magna establece que todos los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, y que los responsables de los actos del monarca serán las personas que los refrenden.

La ley orgánica que ratificará el miércoles el Senado consta de un solo artículo, por el que se autorza la adhesión de España a al tribunal internacional. Lo más amplio del texto es la exposición de motivos, que los grupos parlamentarios aprobaron mediante una enmienda transaccional de consenso.

La Corte Penal Internacional tiene como antecedentes los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio creados en 1945 y 1946. El Estatuto de la Corte Penal Internacional fue aprobado en 1998, en una conferencia convocada por Naciones Unidas en Roma.