Así, entra ya en vigor- tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado- esta norma que, habilita ahora al órgano de gobierno de los jueces a elegir a las dos personas que le corresponde para renovar el tercio del Tribunal Constitucional que cumplió mandato el pasado 12 de junio.

En concreto el texto recibió el apoyo de 147 votos a favor, 110 en contra y 0 abstenciones, lo que supone su aprobación definitiva por las Cortes como promulgó el propio presidente del Senado, Ander Gil, al leer las votaciones. Entre los votos favorables estaba el del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aunque toda la bancada popular se posicionó en contra.

Esta ley supone una contrarreforma de la modificación que impulsó hace un año el Gobierno para impedir que el CGPJ pudiera hacer nombramientos con el mandato caducado.

Ahora, con la norma ya en vigor, el CGPJ debe elegir a los dos nombres que propone para el tercio del Tribunal Constitucional que le toca renovar de la mano del Ejecutivo.

En el Gobierno tienen claro que ellos procederán a elegir a los dos integrantes del TC que les corresponde y cree que el CGPJ cumplirá con la normativa y la institucionalidad porque “no puede hacer política”, solo “acatar la ley”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

Durante el debate en el Senado, el socialista y expresidente valenciano Joan Lerma instó al Partido Popular a que “abandonen” esa actitud de bloqueo de la renovación del CGPJ porque supone un “bochorno”, reconoció, tener que hacer estas dos reformas para proceder a la actualización del órgano de gobierno de los jueces. No nos hemos “librado del bochorno de reformar la ley anterior y la vigente porque ustedes no han renovado”, señaló el senador del PSOE.

Por su parte, desde el PP, la senadora Salomé Pradas denunció que con la ley el “Gobierno pretende meter mano” en la elección de los miembros del TC porque “quiere controlar a toda costa” este órgano.

A su juicio, esta es la intención del Ejecutivo porque del TC “penden asuntos que comprometen la acción de este Gobierno, una acción declarada inconstitucional en numerosas ocasiones”.

En este sentido, Pradas dijo que el PP actúa como un “dique de contención frente a las vulneraciones reiteradas por parte del Gobierno de derechos y libertades”.