La iniciativa contó con 145 votos a favor (del PP y Vox), 109 en contra y 6 abstenciones. El texto pasará al Congreso de los Diputados, donde se tramitará con posibilidad de enmiendas.

La proposición de ley incluye la supresión de tres apartados del artículo 11 y la disposición final primera de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, ya que obliga a los ayuntamientos a implantar desde el próximo 10 de abril una tasa para costear la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, es decir, el pago por generación de basuras.

La nueva tasa de basuras podría suponer unos ingresos cercanos a 3.800 millones de euros anuales, según la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local.

Vidal Galicia, del PP, apuntó que una directiva comunitaria sobre residuos de 2018 pretende “reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización, y minimizar el impacto ambiental”, y plantea medidas para ello como invertir en infraestructuras, mejorar las técnicas disponibles para el tratamiento de las basuras y campañas de concienciación.

La directiva no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura y, mucho menos, que los ciudadanos tengan que sufragar el coste del servicio al 100%, aseguró.

“Es muy probable que la obligatoriedad de cargar a los ciudadanos con el 100% de los costes del servicio de recogida tenga como consecuencia que los municipios no realicen nuevas inversiones para no repercutir los costes a sus vecinos”, aventuró Galicia, quien apuntó que esa nueva figura impositiva generalizada supondrá “un quebrantamiento del principio de autonomía local, recogido en la Constitución”.

Además, el portavoz del PP aventuró que este asunto generará “un foco grande de litigios que van a generar una gran inseguridad en la tributación local”. “No descartemos que el incremento tan notable de la tasa de basuras pueda desincentivar el reciclaje y también desincentivar la separación de residuos”, indicó.

PORTAVOCES

Vox fue el único partido que respaldó esa iniciativa del PP. Su portavoz, Paloma Gómez, desdeñó “la imposición de impuestos y tasas en nombre de un fanatismo climático que llega de Bruselas y cuyo objetivo es asfixiar económicamente a las familias”.

El resto de portavoces expresaron distintos argumentos para rechazar el texto del PP. Alfonso Moscoso, del PSOE, se preguntó si los populares aplicarán la “motosierra” a medidas para proteger el medio ambiente. “No podemos permitirnos desandar el camino recorrido ni ceder a presiones que prioricen intereses económicos a corto plazo sobre el bienestar común y la salud del planeta”, apostilló.

Mario Gil, también del PSOE, expuso que “el servicio de basuras se paga” y que algunos ayuntamientos ya cobran una tasa por ello, mientras que los que no lo hacen incluyen el coste de la gestión de residuos en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), según aseguró.

Igotz López, del PNV, recriminó a Galicia que comentara que la directiva comunitaria de 2018 sobre residuos no aluda a las tasas de basuras, cuando recoge que en los países de la UE se pueden recurrir a medidas como tasas de vertedero y de incineración y sistemas de pago por generación de residuos.

López comentó que las tasas de basuras contribuyen a “más circularidad, más remanufactura, más reutilización de materiales y más empleo”, y que al vertedero llega casi la mitad de los residuos que se generan en España.

Francesc Xavier Ten, de Junts, reprochó al PP que “proteja a los contaminadores” en lugar de “avanzar hacia una economía circular”. “De un tacazo, ustedes se cargan la posibilidad que la Administración local bonifique a quien recicle, y lo de que quien contamina, paga”, apostilló.

Jordi Gaseni, de Esquerra Republicana, apuntó que el Ministerio de Hacienda ha remarcado que los ayuntamientos pueden “modular” la tasa de basuras y aplicar reducciones a familias vulnerables o bonificaciones por el compostaje doméstico o el adecuado tratamiento de la materia orgánica desechada.