La iniciativa recoge, a lo largo de sus cuatro capítulos, 13 artículos y nueve disposiciones, todos los aspectos referentes a la labor de los cooperantes: su régimen jurídico, con sus derechos y obligaciones y su régimen de incompatibilidades; su formación; las modalidades de previsión social, y la homologación de los servicios que prestan.

Según el Partido Popular, la iniciativa, que será defendida por el senador Luis Eduardo Cortés, trata de regular un aspecto muy relevante de la cooperación internacional, que es el de las personas que la llevan a cabo, y que cubre un vacío legal.

El marco del Estatuto que proponen los populares es el previsto en aquella Ley del 98, que entiende la cooperación internacional como la transferencia, directa o indirecta de recursos de la Administración a los países en vías de desarrollo, y en el que interviene, además de la Central, las administraciones territoriales, y la propia sociedad civil, a través de las ONGs y los agentes sociales.