El desembarco se produjo en la madrugada del 17 de octubre de 2003, en Puerto Calero (Yaiza), en la Isla de Lanzarote. La patera fue interceptada posteriormente por la Guardia Civil cuando el acusado regresaba en ella a Marruecos.

Según el relato de hechos probados, "la referida embarcación, de pequeñas dimensiones, es totalmente inadecuada para el transporte de personas en una travesía de casi 24 horas", a lo que hay que añadir que carecía de las "mínimas condiciones de seguridad".

El acusado fue condenado a seis años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, fallo que confirma ahora la Sala de lo Penal del Supremo.

El Alto Tribunal tiene en cuenta que el propio acusado reconoció en su momento que regresaba a Marruecos tras haber recalado en la consta de Lanzarote con otras 27 personas.

El Supremo rechaza, al igual que el tribunal de instancia, que el acusado no fuera el patrón de la patera, sino uno de los inmigrantes que decidió volver a su lugar de procedencia.

"Carece de toda verosimilitud que el motivo por el cual regresaba a Marruecos no era otro que buscar una documentación y que no la había traído en el anterior viaje porque tenía miedo de que con tanta gente que iba en la embarcación ésta se perdiera", dicen los magistrados.

Para los magistrados del Supremo, "la versión del acusado se torna francamente increíble porque supondría que el auténtico patrón de la patera habría sido uno de los 27 que habrían desembarcado subrepticiamente en la costa, transformando su actividad tan ilícita como lucrativa, generadora de grandes beneficios económicos como los que proporciona transportar inmigrantes ilegales por la incierta y azarosa de uno de ellos".