Según explicó hoy el director general de Seguros, Eduardo Aguilar, la legislación establece un plazo de 15 días desde la orden de disolución para que los órganos gestores de la ITP acuerden la autodesaparación de la entidad. En el supuesto de que no se cumpla este trámite, Seguros procedería a suprimir la mutualidad.

Aguilar, que intervino en un seminario sobre "Aspectos finacieros y fiscales de la inversión colectiva", explicó que la fórmula que emplearía Seguros para disolver la ITP sería el nombramiento de un liquidador, sistema que ya ha sido utilizado en otras ocasiones, como la mutualidad de RTVE, y que "dio buenos resultados".

Respecto a la posibilidad de que la ITP ingrese en la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), el director general de Seguros señaló que "sería posible" pero advirtió que dicho organismo no fue creado para acoger a entidades queno han contribuido a su fondo de garantía.

El pasado jueves, día 11, el Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende Seguros, comunicó a la dirección de Telefónica y a los sindicatos de la compañía la orden de liquidar la ITP en un plazo de 15 días, por considerar que "la entidad se encuentra en una situación tanto de imposibilidad manifiesta de cumplir su fin social como de insolvencia patrimonial".

LIQUIDACION ACELERADA

Con esta decisión, Seguros dejó sin efecto la moratoria de seis mess que tenía la mutualidad para que sus órganos de gestión decidieran la autodisolución, medida que fue impedida por los representantes sindicales en ITP al impedir el "quorum" de votos necesario.

Fuentes de UGT consultadas por Servimedia explicaron que "en estos momentos existe un silencio absoluto por parte de la empresa y las negociaciones que había para constitutir un fondo de pensiones que sustituya a ITP están momentáneamente paralizadas".

Los portavoces sindicales consultados señalaron que os sindicatos no han variado sus posiciones a pesar de la orden de Seguros, y destacaron que es la empresa la que debe responder a los ofrecimientos realizados por las centrales.

UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios de la compañía y únicos defensores en el comité de empresa de un fondo de pensiones que sustituya a la ITP, califican de incuestionable su petición de mantener la prejubilación en Telefónica a los 61 ó 62 años, como ocurría con ITP, y que la empresa garantice la cobertura de una pare de la pensión definitiva de jubilación.

DIFERENCIA SUSTANCIAL

Todas estas reivindicaciones, según las fuentes ugetistas, representarían para la empresa una aportación al nuevo fondo de pensiones equivalente al 30 por cien de la masa salarial de la empresa, mientras que la contraoferta de la compañía, afirman, no supera el 11,3 por cien.

Por su parte, el propio presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, ha llegado a exponer que su oferta garantiza las prestaciones actuales de los que ya está jubilados y ofrece a los trabajadores en activo una pensión de jubilación en función de las cantidades que hayan aportado.

Según UGT, la empresa rechaza cualquier garantía sobre sus aportaciones al fondo de pensiones y se limita a afirmar que los recursos destinados por Telefónica al nuevo sistema de previsión estarán en función de la cuenta de resultados anuales obtenidos por la empresa.