Con esta modificación, que entrará en vigor en enero, el Estado busca reforzar el derecho de los ciudadanos frente a la Administración, dando una mayor celeridad a las resoluciones administrativas.

De hecho, esta medida equipara el plazo que tiene la Seguridad Social para reclamar cn el que tiene Hacienda. La Agencia Tributaria rebajó su plazo de cinco a cuatro años con la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, aprobada el 26 de febrero de 1998.