Martiñán López tomó esta decisión sin consultar a sus cuatro hijos, que, sin embargo, le respaldan en todo momento. Los tres mayores, Joaquín Roque, de 31 años; Amparo, de 29, y Rosa, de 21, se turnan para acompañarle durante el día, ya que su padre no les permite que lo hagan por la noche.

Como Roque Martiñán, Ramona Diz, hermana de la fallecida, piensa que la huelga de hambre puede ser la única manera de pedir juticia. "Un criminal no puede estar muerto", dijo a Servimedia. "Ese hombre pasó las navidades comiendo turrón con sus hijos, mientras que mi hermana está enterrada. ¿Usted cree que hay derecho a eso?".

Rosa Martiñán Diz, una de las hijas del viudo en huelga de hambre, dijo a Servimedia que hoy encontró a su padre "cansado y decaído". Manifestó que cuando les dijo que iba a declararse en huelga de hambre, ya tenía los resultados de un reconocimiento médico que se había hecho, y reconoció que era una ida que le rondaba desde el día de la muerte de su madre.

Rosa Martiñán añadió que su padre está muy desmejorado físicamente, dos meses después de la tragedia, hasta el punto de que casi no le reconoce. "No creo que aguante mucho", opinó.

Lo único que reivindica la familia de Rosa Diz es que el policía que la mató vuelva a la cárcel, porque creen que es la única decisión justa a la vista de los resultados de la autopsia y de las diferentes versiones.

"Es la declaración de todos contra la del plicía, al que ni siquiera respalda su compañero", dijo Rosa Mariñán, quien mostró también su tristeza porque el Ayuntamiento de Villagarcía haya renunciado a actuar como acusación particular: "Parece que no tiene los dos millones que le pedía como aval".

Roque Armiñán, que comenzó su huelga de hambre encerrado en el local cultural de la iglesia parroquial de Sobradelo (Pontevedra), entregó un mensaje escrito a los periodistas en el que denunciaba las tres faltas de respeto que a su juicio ha sufrido l familia.

Faltas de respeto, según el huelguista, por las declaraciones de Fraga, "mintiendo y engañando a la gente"; porque la Xunta pague con fondos públicos al abogado del policía, José Antonio Otero, y por el trato recibido por la Audiencia de Pontevedra cuando se vio el recurso contra el auto que mantenía al agente en prisión.

"Nos trataron como ciudadanos de segunda clase y ni siquiera nos dejaron entrar en la sala", indicó. Que el policía vuelva a la cárcel, que Fraga deje de apoyarle y qu la Xunta le retire el abogado son las reivindicaciones de Roque Martiñán.

Rosa Diz murió de un disparo de un policía que colaboraba en una misión de inspección pesquera. La versión del agente, avalada desde el primer momento por la Xunta, apunta a que estaba siendo objeto de agresión por dos centenares de personas y que el disparo se produjo cuando intentaba quitarle la pistola.

La versión del viudo, presente en el lugar, y de otros testigos difiere radicalmente, al negar cualquier agresión y afrmar que el policía disparó sin que nadie le cogiera la mano.