Además, en un comunicado, la CNC afirma que una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda que arrastra España, encabezados mayoritariamente por la escasez de oferta y la inseguridad jurídica en torno al sector.

A este respecto, la patronal atribuye la falta de oferta al complejo ordenamiento jurídico que recae sobre las comunidades autónomas, como aspectos controvertidos de la Ley de Vivienda, la complejidad de la Ley de arrendamientos urbanos o la malograda Ley del Suelo, retirada por parte del Ejecutivo central en mayo.

De hecho, la CNC señala que el desbloqueo de dicha ley es “fundamental” para reforzar la seguridad jurídica del sector.

Por otro lado, recela de la complejidad burocrática y de recursos que supondría crear una empresa que en el corto plazo debería sobredimensionarse para ser efectiva, pero que a medio plazo podría resultar inviable.