En un comunicado, el presidente de la FED, José Alberto Echevarría explicó que se "opone" a la aprobación de un texto que es "sustancialmente idéntico" al que se confeccionó inicialmente, sin que se hayan tenido en cuenta las observaciones que desde la patronal del sector se hicieron en su día.

El sector privado de atención a la dependencia, formado por las residencias, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día y la teleasistencia, da cobertura y representa el 75% de los recursos existentes en la actualidad.

Asimismo, la Junta Directiva de la FED se manifiesta "absolutamente partidaria" de defender la calidad en la prestación de los servicios y recuerda que el acuerdo de acreditación debería contener la necesidad de establecer un plan de gestión de calidad con unos indicadores mínimos de obligado cumplimiento.

"La búsqueda de la calidad nos obliga a establecer ratios de personal adecuados conscientes de que el buen servicio depende muy directamente de ello", según la patronal privada.

Además, la FED afirma que, teniendo en cuenta la situación económica actual y los precios de concertación por las distintas administraciones públicas, "los ratios que plantea el proyecto no nos parecen realistas".

Para la FED, "resulta obvio" que cuanto mayor sea el ratio de personal, mayor será la calidad del servicio que preste. Al mismo tiempo, aclara que es "indudable" que el coeficiente debe ajustarse de manera realista a las condiciones económicas actuales y ser coherente con los distintos grados y situaciones de la dependencia.

Desde la patronal privada se insiste en que, aunque los ratios de personal por centro resulten adecuados, su aplicación debe resultar flexible a lo largo de todo el periodo de desarrollo de la ley. "Éstos deben alcanzarse a finales de 2015, sin perjuicio de que pueda procederse a la revisión de este criterio en el año 2012 si para entonces las circunstancias económicas y los precios de concertación lo permiten", añade.

También, la FED recuerda que los ratios especificados en el borrador deben referirse al personal de atención directa y no exclusivamente a gerocultores o cuidadores. De hecho, "los criterios sobre la aplicación de ratios y la sustitución de gerocultores por personal de atención directa han sido una postura que la patronal de la dependencia nacional ha defendido invariablemente desde las primeras consultas del acuerdo".

La Junta Directiva de la FED respalda que finalmente quede "totalmente desarrollada la Ley de Autonomía Personal", pero ha apostillado que esto debe hacerse "con criterios de prudencia, realismo y profesionalidad".

Otra cuestión a la que la FED se refiere en su comunicado es al proyecto de copago, con respecto al cual esta patronal de la dependencia ha defendido que se "tengan en cuenta" sus observaciones, especialmente las relativas a la oposición a que se incluya la vivienda de la persona dependiente en el patrimonio a efectos del cómputo del copago.

Finalmente, la FED aboga por la revisión de la financiación de la Ley de Dependencia, "que no puede quedar al arbitrio de negociaciones entre distintas comunidades autónomas".

A su juicio, deben establecerse "criterios objetivos, extrapartidistas, que como en los pactos de Toledo (para las pensiones), eviten y sitúen fuera de interpretaciones y coyunturas políticas la aplicación y la financiación de la ley".