En un acto organizado por Servimedia esta semana bajo el título ‘La empresa como agente social en crisis humanitarias’ coincidieron en esa idea la gerente de Responsabilidad Corporativa de Ferrovial, Cristina Moral; la directora general de la Fundación Seres, Ana Sainz; la directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción, Marta Marañón, y el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

La representante de Ferrovial relató que se está avanzando en la regulación de la medición “de manera acelerada, pero con distintos estándares en los que no se ponen de acuerdo”. Por ello, instó a “converger en un único estándar para todos estos temas de medición social y medioambiental”, aunque matizó que no lo ve muy probable y que el resultado serán legislaciones diferentes.

Advirtió de que esta situación generará “mucho ruido” al inversor, al analista, al usuario o al cliente, y defendió el uso de un “único estándar y con indicadores comparables”.

En esta misma línea se pronunció el viceconsejero de la Comunidad de Madrid al pedir que la medición se haga con estándares “comparables” y recordó que la región ha lanzado ayudas para que pymes y autónomos puedan medir el impacto social de sus acciones.

Desde Seres, Sainz puntualizó que la taxonomía social o listado de criterios para medir el impacto social se está demorando por la coyuntura, pero defendió hacerlo y alcanzar unos estándares “entre todos”.

Seres lanzó en 2021 el indicador de Huella Social para medir el impacto social de un proyecto con una serie de criterios y lo utilizan numerosas empresas, entre ellas, Ferrovial. “Habla de personas, busca ese mínimo común múltiplo de personas”, explicó Sainz, quien instó a que se piense en “los retos de impacto social” cuando se diseñe un proyecto y no solo en los indicadores financieros.

Al respecto, Marañón, de Ayuda en Acción, puso en valor la “revolución” de Seres en este ámbito, ya que “nadie hablaba de impacto social hasta 2011, 2012” y entonces “la empresa, lo único que quería era un informe de rendición de cuentas y no se medía el impacto”, mientras que la Huella Social sí lo hace.

Desde la Comunidad, García añadió que las políticas públicas también deberían medirse para, no solo contarlo, sino “animar a otros” a hacerlo. “Tener visibilidad” con esa medición es “completamente lógico”, defendió Marañón respecto a la cuestión de la imagen de la empresa.

Sobre los criterios para medir el impacto social, Marañón apostó por que sean “precisos, relevantes, medibles, sujetos a un tiempo” y “muy concretos y muy sencillos” para que se puedan estandarizar y se conviertan en “un lenguaje común”.

Explicó que los cinco criterios clásicos que se suelen utilizar son la pertinencia del proyecto, su eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y el impacto.

La directora general de la Fundación Seres avisó de que el año que viene será “complicado” en cuanto a reportar impacto social, abogando por unos criterios comunes. Alertó del exceso de plasmar en papel las acciones y defendió que se establezcan indicadores “que nos ayuden a tomar decisiones” en lugar de “rellenar” documentos sobre impacto social que “realmente tampoco lo generan”.

En un paso más allá, desde Ferrovial, Moral explicó que en los proyectos de agua de la constructora incluso se realizan encuestas a las comunidades locales implicadas para conocer su opinión sobre el servicio y si ha mejorado su calidad de vida. “Deberíamos hacerlo en muchos más de los proyectos sociales”, afirmó.