El Pleno del pasado jueves dejó patente que no habrá acuerdo sobre los nombres antes de la fecha que fija la Ley. El plan se urdió en una reunión celebrada el miércoles en la que los vocales Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez y Juan Martínez se mostraron abiertos a acercar posturas sobre los candidatos con el sector progresista, pero sin atenerse a las fechas impuestas por el Ejecutivo.

El Pleno del CGPJ celebrado el jueves se limitó a aprobar las reglas de procedimiento para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La convocatoria de un nuevo pleno podrá hacerse por acuerdo del presidente o a solicitud de al menos cinco vocales y deberá incluir una propuesta con los nombres de dos candidatos. Nadie espera que esa convocatoria se produzca antes del día 13.

Esta conclusión supuso una victoria para los ocho vocales conservadores, que lograron imponer su criterio de debatir sólo sobre las reglas de elección de las personas que sustituirán a los magistrados Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, cuyos mandatos vencieron el pasado 12 de junio.

Una vez convocado el Pleno, los vocales podrán presentar propuestas de candidatos adicionales hasta el mismo momento del inicio de la sesión. Esas propuestas se acompañarán del currículum de los aspirantes. Los vocales podrán votar un máximo de dos candidatos en cada votación.

La designación se tendrá por realizada sólo en caso de que dos de los nombres propuestos obtengan el número de votos exigido por el quórum de votación previsto para el nombramiento, ya sea de manera simultánea o sucesiva. En caso de que ningún candidato obtuviera el número suficiente de votos, su nombre podrá ser propuesto de nuevo en sesiones sucesivas del Pleno.

El Pleno extraordinario de esta semana tuvo lugar después de que las Cortes aprobaran en julio pasado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restituyó al órgano de gobierno de los jueces en funciones la competencia para el nombramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional y que estableció para ello un plazo máximo de tres meses a contar a partir del día siguiente al vencimiento del mandato anterior.

En esa reforma se modificó el citado artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) estableciendo el plazo de tres meses desde que caducó el mandato de los dos magistrados designados por el Consejo para su renovación. Si en un primer momento el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, aventuró que podría convocar un nuevo pleno el lunes, esa posibilidad está prácticamente descartada, puesto que no habrá convocatoria en tanto no se alcance el consenso.

La renovación del tercio de los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde al CGPJ y al Gobierno debe producirse a la vez, de manera que mientras el Consejo no nombre a sus candidatos, el Ejecutivo no podrá nombrar a los suyos. Tradicionalmente, el CGPJ suele designar a un aspirante conservador y a otro progresista, lo que sumado a las designaciones del Gobierno daría la vuelta a la mayoría en el TC, que dejaría de estar en manos conservadoras.

Las fuentes consultadas en el CGPJ dan por descartado un acuerdo rápido y se preparan para una negociación que se podría prolongar hasta el mes de octubre con el objetivo de lograr un amplio consenso entorno a los candidatos. El sector conservador no ha puesto aún nombres sobre la mesa. Por parte, los vocales progresistas barajan designar a uno de estos cinco magistrados: Jacobo Barja de Quiroga, Ángeles Huet, Pablo Lucas, Eduardo Espín o José Manuel Bandrés.

La polémica sobre la designación de los nuevos miembros del Constitucional se suma a la crisis por la paralización de la renovación del propio CGPJ, que lleva casi cuatro años con el mandato caducado. El propio Lesmes amenazó el pasado miércoles en la apertura del Año Judicial con dimitir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se reúnen de forma urgente para negociar un pacto.

El viernes, Núñez Feijóo, remitió una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial en la que le trasladaba la voluntad de su formación de renovar los miembros del órgano judicial "con un mínimo de principios y de requisitos" y con el compromiso de avanzar para que en el futuro "haya una nueva ley" que permita que los 12 jueces que conforman el órgano sean elegidos por los propios magistrados.