Así se expresan ambas patronales en un comunicado conjunto, en el que anuncian acciones legales y advierten sobre los graves efectos económicos de este impuesto aprobado hoy por el Pleno del Congreso de los Diputados, que “genera incertidumbre general y en los mercadoss financieros en particular”.

Además, denuncian que “se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos, que deberían incluirse en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad”.

Porotro lado, alertan sobre “sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa”.

Asimismo, lamentan que “no tiene parangón en los países de la UE” por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés.

Por último, denuncian que supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, y también el “señalamiento” de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social.