El Ministerio de Justicia impuso una condena de dos años de suspensión de empleo y sueldo que ha sido finalmente reducida a seis meses por la Audiencia Nacional.

La portavoz de la UPSJ, Margarita Martínez, dijo a Servimedia que la decisión de la Audiencia Nacional demuestra que la sanción era "desorbitada", pero a pesar de haber sido reducida a la cuarta parte sigue siendo "excesiva.

Insistió en que una parte de la responsabilidad imputada "no corresponde" a Gálvez, y que la sanción se debe a que el régimen disciplinario de los secretarios judiciales es excesivamente severo al no contemplar multas por determinadas faltas, como sí ocurre con jueces y magistrados.

Por ello, reclaman la reforma de las leyes procesales para delimitar las funciones de los secretarios judiciales, "para que sepamos de una vez por todas nuestras responsabilidades".