En declaraciones a Servimedia, López reclamó una investigación exhaustiva que aclare "no por qué ha ocurrido, sino qué ha ocurrido desde que la denuncia entró en el juzgado". "El porqué será la persona que se demuestre que es responsable la que lo tenga que decir".

Los secretarios judiciales están tan alarmados como el resto de la sociedad por este caso, reconoció el portavoz del colectivo, quien agregó que de lo que se trata ahora es de "evitar estos casos en el futuro".

Aunque admitió que un secretario judicial debe dar explicaciones, porque es el director de la oficina judicial, dirige al personal y ordena el trabajo, también hay que tener en cuenta que es el juez el que califica el asunto y quien marca la urgencia del trámite y las diligencias a practicar.

"Todo lo sucedido debe investigarse en todos los ámbitos, porque queremos que haya luz y taquígrafos", insistió el portavoz de la UPSJ, quien matizó, no obstante, que "en un juzgado cada uno tiene sus competencias y cada uno debe responder de ellas".

RESPONSABILIDAD

López no quiso aventurar quién es el responsable de lo ocurrido en el caso de Alba, de 5 años, pero señaló que la investigación primero debe determinar en qué fase competencial se produjo el error, para depurar responsabilidades.

López explicó que si la denuncia hubiera entrado por un juzgado de guardia, y no por vía ordinaria, existe la garantía de que se hubieran tomado medidas de forma inmediata, porque así se actúa ante cualquier hecho que tenga relación con violencia doméstica o de género, que "se ventila de forma inmediata y con absoluta escrupulosidad".

Reconoció que se producen errores y que en algunos casos éstos son fatales, pero se quejó de la gran cantidad de asuntos que a diario llegan a los juzgados de lo penal y de la falta de medios -constántemente reclamados-, lo que merma la eficacia de la Administración de Justicia.

El portavoz de esta asociación de secretarios judiciales, que desempeña su trabajo en un juzgado de Madrid, dijo que en esta región los casos de malos tratos a niños que llegan a los juzgados no son muchos, debido a que la Administración regional, desde los servicios sociales y los órganos competentes, realiza un seguimiento adecuado de los casos que pudieran existir y se atajan antes de llegar a los juzgados.