El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, y la de la Unión Progresistas de Secretarios Judiciales, Margarita Martínez-González, ofrecieron hoy una rueda de prensa conjunta para manifestar su "estupor e indignación" ante la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

Fue este órgano jurídico el que no ejecuto por error la sentencia condenatoria impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impusó al titular del juzgado, el magistrado Rafael Tirado, una multa de 1.500 euros.

Los secretarios judiciales consideran esta situación "un auténtico escándalo" y califican la sanción impuesta a su colega como "desmesurada".

Para estos profesionales, el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "ha decidido hacer sangre de la parte más débil, frente a otros colectivos y a modo de chivo expiatorio, para acallar voces y contentar a la opinión pública por la trascendencia mediática del caso".

Además, consideran que el Ministerio ha tratado de "confundir a la ciudadanía" descargando en un secretario judicial "lo que es una absoluta falta de dedicación a la Justicia de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos" además de unas "irrisorias inversiones económicas en Justicia".

Las dos asociaciones denuncian "la inoperancia" del departamento de Bermejo para solucionar "las graves carencias de la Administración de Justicia, tanto organizativas como de personal y de medios materiales".

CARENCIA DE MEDIOS

"En las actuales circunstancias, ningún secretario judicial puede controlar a la Oficina Judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados", aseguro Lara.

Los dos portavoces reiteraron que el sistema de gestión procesal "es totalmente deficiente" y no permite "el control informático de las ejecutorias" por lo que "se tiene que hacer manualmente en papel".

Para estos profesionales, estas carencias y la inoperatividad del Ministerio para resolverlas tienen parte de responsabilidad en lo sucedido con Santiago del Valle.

Por eso, consideran que "los ciudadanos han de saber que hechos como el ocurrido en Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la situación de la Justicia es plenamente deficiente en medios y dotaciones, en reformas y modernización".

Para resolver esta situación, los secretarios judiciales han convocados un paro de tres horas para el próximo 21 de octubre con el que pretenden reclamar a la administración que lleve a cabo la reforma de la oficina judicial y la redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales.

En consecuencia, ante "el retraso de cinco años" en la aplicación de estas medidas y a tenor de la pretensión de "encubrir el tema" con la sanción impuesta a la secretaria judicial de Sevilla, las dos asociaciones han pedido al Gobierno el cese de Bermejo como ministro de Justicia.

Por último, los secretarios judiciales han solicitado a sus compañeros que no soliciten como destino el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y anunciaron que apoyaran a la colega sancionada ante las reclamaciones que pretenda llevar a cabo y que la ayudarán económicamente.