Lo hizo en un comunicado emitido un día antes de la reunión que mantendrán en La Palma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria.

La organización recordó que este año han llegado a España más de 2.000 menores migrantes no acompañados, unos chavales a los que situó en “situación de desamparo”, por lo que “las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de velar por la protección de sus derechos”. A pesar de ello, deslizó que “esta protección efectiva se vuelve complicada cuando los recursos de los que se disponen están desbordados”.

En ese sentido, instó a Sánchez y a Clavijo a aprovechar su reunión de mañana para sentar las bases de una respuesta “estructural y coordinada” entre el Gobierno y las comunidades autónomas para hacer frente a la llegada de menores migrantes no acompañados, a los que “debe garantizarse un trato digno y justo a todas las personas menores de edad, independientemente su punto de llegada a España”.

La directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, subrayó que “la saturación del sistema de protección de menores, como ahora mismo es el caso de Canarias y Ceuta, no permite garantizar los derechos de la infancia no acompañada que llega a estos territorios”.

Esto le sirvió para lanzar la siguiente pregunta: “¿Queremos dejar a estos niños, niñas y adolescentes desamparados o queremos proteger sus derechos y dotarles de las herramientas necesarias para que formen parte de la sociedad española plenamente?”.

A su juicio, “el reparto proporcionado y a tiempo no sólo aliviaría la presión sobre determinadas regiones fronterizas dentro del territorio español, sino que también permitiría una distribución más efectiva de recursos y servicios para atender las necesidades específicas de la infancia y adolescencia”.

Save the Children recalcó la necesidad de “tomar medidas estructurales” que permitan “planificar y responder de manera coordinada a las necesidades del sistema y prevenir situaciones de saturación”.

A su vez, Perazzo aseveró que “las decisiones de emergencia deben estar acotadas y ser excepcionales”, ya que “estamos hablando del reparto de menos de 3.000 niños y niñas, una cifra completamente asumible por un país de nuestras características económicas y demográficas”.