Lo hizo a través de un comunicado en el que dijo no tener constancia de la respuesta oficial del Gobierno a esta conminación, lo que “perpetúa la situación de riesgo de los 1.800 niños y niñas afectados, a las puertas de un nuevo invierno, el tercero, en el que las bajas temperaturas son un peligro para la salud física y mental, rendimiento escolar y bienestar de la infancia”.

La reclamación colectiva a la que se refiere la organización la presentaron el pasado mes de marzo CCOO y las ONG internacionales presentes en la Plataforma Cívica ‘Luz Ya para la Cañada Real’ con el objetivo de denunciar “la vulneración de derechos a causa de los cortes de electricidad en este enclave la Comunidad de Madrid, entre lo que se encuentran el derecho a la salud, la protección contra la pobreza y la exclusión social o el derecho a la vivienda”.

En ese sentido, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, destacó que “cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica”, por lo que “la exigencia de Europa se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas sus fases”. A su juicio, resulta “inaceptable que no esté siendo así, y que no se estén cumpliendo las medidas cautelares exigidas por el Comité”.

Las medidas cautelares que se reclaman hasta que se dicte sentencia, según Save the Children, buscan “salvaguardar los derechos fundamentales de las personas -y en especial las de especial vulnerabilidad, como la infancia- que habitan en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real y que viven, desde octubre de 2020, sin electricidad”. Con ello se pretende evitar que tales derechos “sufran vulneraciones antes de que el Comité se pronuncie sobre el fonde de la reclamación”.

Catalina Perazzo atestiguó que “si se cause un daño irreparable a las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su sentido, dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una reparación; pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos”.

Desde su punto de vista “para cumplir con estas medidas no es necesario entrar en las cuestiones legales que afectan a la compañía suministradora ni a las relaciones contractuales con ella, sino una voluntad política como la que se despliega en otras situaciones de falta de suministro”.

Catalina Perazzo concluyó observando que “España no puede sentar un primer precedente de incumplimiento de medidas cautelares, que pondría en entredicho su compromiso con este sistema internacional de garantía de derechos; España se debe comprometer con el Comité Europeo de Derechos Sociales y no debilitarlo ignorando sus pronunciamientos”.