La proposición pide al Gobierno que diagnostique el fenómeno de la violencia en los cuarteles militares y que tome las medidas necesarias para erradicarla.

Saura aboga por derogar la jurisdicción militar y traspasar sus organismos, competencias y funciones a la ordinaria, permitiendo el ejercicio de la acusación particular y popular sin limitaciones y evitando la vulneración e las principios jurisdiccionales de independencia, inamovilidad, imparcialidad, unidad jurisdiccional y exclusividad establecidos en la Constitución.

En este sentido, propone reformar el Código Penal Militar para proteger los derechos individuales, asegurando además que se incluyan una serie de cambios.

Estos cambios serían la tipificación como delito de la violencia física entre soldados de igual rango o cualquier tipo de vejación o menosprecio, la igualación de las penas para la violencia ejerida contra un inferior o contra un superior, la garantía de proporcionalidad de las penas impuestas con las del Código Penal común, y la delimitación correcta de lo que es penal y lo que es administrativo para evitar arbitrariedades.

Saura también propone crear un observatorio permanente de la vida militar que vigile que la vida militar se desarrolle en el respeto a los derechos y a la dignidad de la persona.

Finalmente, aboga por establecer los mecanismos necesarios para garantizar la colaboracin del Ministerio de Defensa para elaborar estudios y ofrecer datos estadísticos.