Para Saura, la actuación del juez "reafirma las actuaciones que ya se están haciendo a nivel legislativo (Ley del Memorial Democrático y Ley de la Memoria Histórica) para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas de la Guerra Civil".

El consejero también señaló que el gobierno catalán fue "pionero" en todo el Estado en la elaboración de un censo de desaparecidos durante la guerra o bajo el régimen franquista y en la elaboración de una Ley de Fosas y Desaparecidos, que confía en que quede aprobada a finales de año.

Hasta ahora, el censo, iniciado en el 2003, registró 2.351 desaparecidos, cuyas familias pidieron ayuda para saber donde murió un antepasado suyo desaparecido durante la guerra o la inmediata posguerra, como lo mataron, si fue enterrado en una fosa común, etcétera.

La mayoría eran soldados, casi todos del ejército republicano muertos en el frente. El resto son civiles muertos en diversas circunstancias durante la guerra o la posguerra: represaliados en la retaguardia republicana, víctimas de bombardeos, represaliados por las tropas franquistas o fusilados después de sufrir un consejo de guerra.

"Como Cataluña es la única comunidad que ofrece este servicio, llegan peticiones de familias de otros puntos del Estado con familiares de personas desaparecidas en Cataluña (371)", señalan desde la Generalitat.

Las peticiones se hacen directamente a la Generalitat o bien a través de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.

De las 2.351 investigaciones iniciadas, en cerca de 400 casos se ha encontrado documentación sobre los últimos días de la persona desaparecida y se ha podido entregar a la familia.

En 83 casos incluso se ha podido determinar dónde fue enterrada. Más de 1.900 expedientes continúan abiertos.