La entidad trasladó antes de la pandemia de covid-19 al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de salud de las comunidades autónomas una propuesta de ley estatal con más de 50 medidas concretas para acabar con un problema que sufren ocho de cada diez enfermeros a lo largo de su trayectoria profesional, según los datos que facilita el sindicato.

Por ello, propone generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas e implementar una iluminación óptima en cualquier estancia del centro.

También incluir en la historia clínica que esa persona ha realizado algún acto de violencia contra el personal sanitario, reducir los tiempos de espera, garantizar un ratio adecuado y seguro de pacientes por enfermero e implementar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.

Satse insiste en la necesidad de aportar a los profesionales sanitarios los datos, conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su actividad con mayores garantías de no sufrir daños. Además, recomienda adquirir y mantener una formación adecuada en defensa personal contra los actos de violencia.

Por otro lado, el sindicato defiende la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro y que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha.

Asimismo, apuesta por implementar un servicio específico que preste ayuda psicológica al personal que haya sido víctima de una agresión y poner a disposición del enfermero un servicio encargado de tramitar directamente con el ministerio fiscal la denuncia, en caso de requerirla. Aunque aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas y que la víctima de un caso probado pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro.

En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece ciertos protocolos y actuaciones a seguir de forma independiente y descoordinada en el conjunto del Estado, que Satse califica de “insuficientes”. Por eso remarca la necesidad de dar una respuesta “conjunta, coordinada y eficaz” en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma de carácter y alcance estatal.